El Supremo condena a la Administración al pago de las indemnizaciones a los dueños de los terrenos por los que pasan las autovías como responsable subsidiaria de las concesionarias en concurso. Los expropiados de las autopistas.
El Tribunal Supremo confirma que el Estado deberá ser quien pague los justiprecios (indemnizaciones) a los expropiados de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas de peaje de las radiales de Madrid, en caso de que las empresas concesionarias se declaren en concurso. Con esta resolución, el órgano judicial respalda las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dando la razón a los expropiados de las autopistas.
La sentencia, del pasado 17 de diciembre, rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y sostiene que
Además, apunta que la Administración «conserva el control del procedimiento y de las decisiones más relevantes que en el mismo han de producirse y de ningún modo puede desentenderse del cumplimiento del presupuesto esencial de la expropiación como es el pago del justiprecio».
La Justicia ha sostenido que el pago de la correspondiente indemnización es «una garantía constitucional, un derecho sin el que no se justifica la intromisión de los poderes públicos con la potestad expropiatoria», por lo que no debe estar condicionada «ni por los avatares del procedimiento elegido, ni por la intervención de un tercero, en este caso la concesionaria de la carretera».
Añade que, «si se ha situado al expropiado en la lamentable situación de haber perdido la propiedad de su finca sin haber percibido aún indemnización alguna y sin saber cuándo y cuánto podrá percibir a resultas del concurso declarado de la beneficiaria, lo ha sido por imponer la Administración un procedimiento que ha permitido que pueda ocuparse el bien sin haber percibido el justiprecio».
El Supremo recrimina al Estado que pretenda trasladar a un tercero la obligación en la expropiación declarada por la Administración.
Según explican a EXPANSIÓN los abogados Antonio Serrano Alberca y Antonio Serrano Acitores, que representan a algunos de los expropiados de las autopistas, «la impecable fundamentación jurídica de esta sentencia disipa todas las dudas, soluciona una situación injusta y abre la vía para que los expropiados puedan cobrar los justiprecios que por derecho les corresponden».
Reacción de Fomento
La reacción de Fomento ante esta sentencia no ha tardado en llegar. El pasado viernes, antes de que trascendiera, se aprobó en Consejo de Ministros una reforma con la que cubrirse las espaldas.
Con el Real Decreto ley 1/2014, publicado en el BOE el 25 de enero y ya en vigor, se establece que, en caso de que las empresas concesionarias no cumplan con la obligación del pago del justiprecio y en virtud de resolución judicial el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, éstas se descontarían de la cantidad que está obligado a consignar el Estado para responder ante una hipotética liquidación de las concesiones.
Es decir, la cantidad que tenga que pagar la Administración a los expropiados de las autopistas se descontará de la responsabilidad patrimonial del Estado que deba abonar a las concesionarias.
La elevada factura de las radiales
Los problemas de la Administración con el pago de los justiprecios a los propietarios de los terrenos expropiados de las autopistas para la construcción de las radiales viene de largo.
El impacto para las cuentas públicas de la posibilidad de que el Estado tenga que rescatar a las autopistas de peaje podría suponer un coste de en torno a los 5.000 millones de euros (3.000 millones de euros de deuda con las entidades financieras y hasta 2.000 millones de euros derivados de los justiprecios). Esto explica que el Ministerio de Fomento tome medidas para limitar, en lo posible, estas pérdidas.
Así lo ha hecho a través de un real decreto ley el pasado viernes, cuyo objetivo, según la ministra Ana Pastor, es evitar que el Gobierno acabe pagando dos veces: de un lado indemniza al expropiado, obligado por resolución judicial, y de otra entrega al concesionario el importe de la responsabilidad patrimonial. Así pues el Estado deberá pagar a los expropiados de las autopistas.
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